Bolivia, en crisis: protestas, desabastecimiento y una presidencia sitiada
La situación que atraviesa el país sudamericano ya dejó de ser una disputa sectorial para convertirse en una amenaza directa a la estabilidad política del gobierno de Rodrigo Paz.
A seis meses de haber llegado al poder con la promesa de cerrar un ciclo de dos décadas dominado por el Movimiento al Socialismo (MAS), Rodrigo Paz enfrenta el momento más delicado de su corta gestión: bloqueos en rutas estratégicas, escasez de combustible, inflación creciente, presión sindical y pedidos abiertos de renuncia.
En las últimas dos semanas, las protestas escalaron desde reclamos salariales y demandas económicas hasta una movilización nacional que paraliza parcialmente a La Paz y amenaza con extenderse al resto del país. Campesinos, transportistas, mineros y organizaciones sindicales confluyen en una protesta heterogénea, pero unificada por una percepción común: el deterioro acelerado de las condiciones de vida.
La imagen más visible de la crisis es la de una capital sitiada. Los bloqueos cortaron el ingreso de alimentos, combustible e insumos médicos. En algunos mercados paceños comenzaron a faltar productos básicos y los precios se dispararon. El pollo, por ejemplo, llegó a triplicar su valor en ciertos puntos de distribución. La empresa estatal YPFB suspendió parcialmente despachos de combustible por razones de seguridad, mientras escuelas y servicios públicos redujeron actividades por falta de diésel.
El gobierno sostiene que enfrenta un intento de desestabilización política. Paz acusa a sectores vinculados al expresidente Evo Morales de promover las protestas para erosionar a una administración que desplazó al MAS del poder en 2025. Desde el oficialismo se habla incluso de un “intento de golpe gradual”, apoyado en el desgaste económico y la fragmentación social.
Sin embargo, reducir la crisis a una pulseada política sería insuficiente. Bolivia arrastra desde hace años problemas estructurales que hoy convergen de manera explosiva: caída de reservas internacionales, escasez de dólares, subsidios energéticos insostenibles y una economía cada vez más dependiente del endeudamiento y de exportaciones debilitadas. Paz intentó aplicar un programa de ajuste para estabilizar las cuentas públicas, incluyendo recortes y una reducción parcial de subsidios al combustible. Pero las medidas golpearon directamente sobre el costo de vida y detonaron la reacción social.
A diferencia de otros momentos críticos de la historia boliviana, el conflicto actual no tiene un liderazgo único. La oposición parlamentaria aparece fragmentada, mientras Morales conserva influencia simbólica pero ya no monopoliza la movilización popular. Eso vuelve más impredecible el escenario. Los cortes de ruta y huelgas funcionan como una presión difusa y descentralizada, difícil de negociar y todavía más difícil de contener.
La tensión ya trascendió las fronteras bolivianas. Estados Unidos expresó preocupación por la posibilidad de un quiebre institucional y respaldó públicamente al gobierno de Paz, mientras que la Unión Europea pidió diálogo urgente. Paralelamente, la administración boliviana expulsó a la embajadora de Colombia tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó la situación como una “insurrección popular”.
Crédito fotográfico: La Nación
